Defensa fiscal para el sector agrícola, ganadero y pesquero
Las empresas y personas físicas del sector agropecuario enfrentan un régimen fiscal con reglas propias: tasas diferenciadas de ISR, exenciones parciales de IVA en actividades primarias y obligaciones específicas ante el SAT que varían según la escala de operación. Cuando el SAT inicia una auditoría o determina un crédito fiscal en este sector, el error más común es tratarlo como un caso ordinario. No lo es. En Zulaica Maldonado & Asoc. conocemos la estructura operativa y tributaria del campo mexicano, y representamos a productores, ganaderos y empresas pesqueras en cada instancia de defensa.

Cómo atendemos este sector
nalizamos si su empresa tributa correctamente bajo el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, verificamos el aprovechamiento de los estímulos fiscales disponibles y detectamos contingencias antes de que el SAT las encuentre primero. El ISR diferido, la exención en IVA para productos sin procesamiento y la acumulación de ingresos por ciclo productivo tienen implicaciones que un dictamen mal estructurado puede convertir en un crédito fiscal millonario.
El SAT fiscaliza con frecuencia creciente a empresas del sector agropecuario, en particular revisando la materialidad de operaciones entre partes relacionadas, el uso de comprobantes fiscales en compras de insumos y la correcta separación de ingresos exentos y gravados. Representamos a su empresa desde la primera notificación hasta la resolución del procedimiento.
Cuando el SAT determina un crédito fiscal contra una empresa agrícola o ganadera, los plazos para impugnar son estrictos. Interponemos el recurso de revocación ante el SAT o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según la estrategia más conveniente para el caso, con fundamento en la legislación fiscal vigente y en los criterios jurisdiccionales aplicables al sector primario.
Construimos estructuras de cumplimiento que reducen la exposición de su empresa a revisiones electrónicas, visitas domiciliarias y requerimientos de información. Esto incluye la correcta acreditación de materialidad en operaciones con proveedores, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y la planeación de la distribución de utilidades del ejercicio.
Servicios en este sector
Representación en recursos de revocación, juicios de nulidad y amparo directo contra actos del SAT en materia de actividades primarias, créditos fiscales e IVA agropecuario.
Defensa técnica durante procedimientos de fiscalización, incluyendo la respuesta a requerimientos de información y la acreditación documental de operaciones del ciclo productivo.
Estructuración del régimen tributario para optimizar la carga fiscal dentro del marco legal, con atención especial a los estímulos fiscales aplicables a empresas agropecuarias y pesqueras.
El campo mexicano genera obligaciones fiscales que el SAT fiscaliza con criterios cada vez más técnicos. Su empresa necesita asesoría jurídica fiscal con conocimiento sectorial, no asesoría genérica. Agende una consulta gratuita y evaluamos su caso sin compromiso.
Crédito fiscal determinado por presunción de operaciones inexistentes en términos del Art. 69-B del CFF. Análisis de materialidad de la cadena de proveedores y construcción de defensa documental.
Restricción provisional de Certificados de Sello Digital con fundamento en el Art. 17-H Bis del CFF. Integración de pruebas y aclaración técnica dentro del plazo legal.
Análisis de tasa de IVA aplicable en servicios mercantes y de almacenaje en recinto fiscalizado, con valoración de exenciones por servicios vinculados al comercio exterior.
Crédito fiscal determinado por presunción de operaciones inexistentes en términos del Art. 69-B del CFF. Análisis de materialidad de la cadena de proveedores y construcción de defensa documental.
Restricción provisional de Certificados de Sello Digital con fundamento en el Art. 17-H Bis del CFF. Integración de pruebas y aclaración técnica dentro del plazo legal.
Análisis de tasa de IVA aplicable en servicios mercantes y de almacenaje en recinto fiscalizado, con valoración de exenciones por servicios vinculados al comercio exterior.
